Antes de implementar soluciones tecnológicas para enfrentarnos a la COVID-19 es imprescindible que éstas se encuentren integradas en el marco de una estrategia de medidas jurídicas y organizativas realistas, eficaces, basadas en criterios científicos, legítimas y proporcionales. La proporcionalidad se establece mediante un análisis del coste y el beneficio para la sociedad y los derechos y libertades del individuo. El beneficio tendrá que medirse en función de una menor propagación de la infección en términos globales, con la posibilidad de recuperar la libertad de acción, y una protección de la salud de los individuos. Los datos de salud tienen un alto valor, por lo que hay que prevenir que, aprovechando la incertidumbre que provoca una situación de emergencia, se produzcan abusos por parte de terceros que conduzcan a situaciones de pérdida de libertades, discriminación u otros daños en la situación personal de los ciudadanos.
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